Seis horas después de presentada la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, el mismo grupo de asambleístas que busca la destitución del primer mandatario advirtió de los errores detectados en el documento y trató de enmendarlos.

El más visible está en la primera foja, cuando se invoca a los artículos 131 de la Constitución y 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a la facultad de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento político a los ministros de Estado y a las autoridades de control.

Con 59 firmas UNES y PSC oficializan juicio político al presidente Guillermo Lasso por peculado y concusión en Petroecuador, Flopec y EMCO

Esos dos artículos no se refieren a lo que expresamente señalan los artículos 129 de la Constitución y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referente a los requisitos y a la necesidad de un informe de admisibilidad de parte de la Corte Constitucional.

La legisladora Viviana Veloz (UNES) remitió a las 23:27 un alcance a la solicitud y habla que se cometió un lapsus calami, y que se citaron mal los artículos para encauzar el pedido de juicio político contra el primer mandatario.

Al fundamentar el alcance, la legisladora correísta invoca el artículo 80 de la ley de la Función Legislativa que se refiere al trámite para los juicios políticos a funcionarios públicos en general; pues en el capítulo referente al enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República no admite alcances, sino la posibilidad de que si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) establece que no reúne los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que completen en un plazo de tres días.

A esto se suma que la petición de interpelación al primer mandatario está suscrita por cuatro legisladores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID); pero el alcance remitido al presidente de la Asamblea únicamente lo suscribe Veloz.

Este viernes 17 de marzo, a las 19:45, está convocado el CAL para conocer y calificar la petición de juicio político. Recién a esa hora se conocerá la decisión que tomen los siete asambleístas que conforman el organismo administrativo del Parlamento.

Más errores

El asambleísta nacional por Pachakutik Ricardo Vanegas considera que la solicitud de juicio contra el primer mandatario está plagado de errores, pues al intentar corregir el error sobre el artículo relacionado con el juicio político a un presidente y vicepresidente de la República, cometen otro error, porque en la ley que rige la Asamblea Nacional no existe la posibilidad de subsanar errores y solo se puede hacer lo que la ley permite.

Vanegas sostiene que la petición de corrección no la puede hacer una sola persona, sino los cuatro interpelantes. Además, esa petición debería estar acompañada por los 59 asambleístas que firmaron inicialmente un documento con errores, porque “ellos firmaron por el texto original, y no por la corrección, y tampoco han nombrado un procurador común para que firme por todos, por lo tanto, esa petición no puede ser aceptada”.

El legislador nacional también observó lo incluido en la página 51 de la solicitud de juicio. Según el asambleísta, es una contradicción porque se señala que “los hechos narrados en el acápite no buscan ser enmarcados en una de las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución, sino evidenciar la trasgresión al principio de confianza y la irresponsabilidad política por parte del primer mandatario…”.

Igualmente, dijo, cuando se presenta la acusación sobre peculado y concusión, en el expediente no se señala el día, la hora y el lugar en que se cometió el delito; en qué contratos y la forma en que el presidente de la República se benefició económicamente. Tampoco en el cohecho se señala el monto del dinero que recibió y por qué lo recibió.

El asambleísta del PSC Luis Almeida aclaró que él no participó en la redacción del texto del juicio y que firmó solidariamente, pero que si hace una relación que la institución es el juicio político a los ministros de Estado y en otro acápite está el juicio político al presidente de la República, “es que han querido relacionar la cuestión de la institución de los juicios políticos”. En ese sentido, agregó, no creo que haya ninguna falla al acusar al presidente de la República por delitos del artículo 129 numeral 2 de la Constitución; “lo otro son argucias tontas que no significan nada”.

Consideró que cuando el documento pase a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), esas correcciones tienen que hacerse en caso de que haya errores. Y se tendrá que mandar a completar a los proponentes.

Su coideario Esteban Torres dijo que suelen suceder los lapsus calami y quede ninguna manera desvirtúa el texto. Pues “toda la acusación está basada en el artículo 129 numeral 2; por lo tanto, no vería ningún problema para que sea calificado el juicio”, agregó.

El representante del PSC por Tungurahua e integrante del CAL adelantó que si este viernes se califica la solicitud de juicio, el documento será remitido el próximo lunes a la Corte Constitucional, desde donde correría el plazo de seis días para un dictamen. Anticipó que respetará la decisión de la Corte Constitucional.

El coordinador del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, observó que no por cambiar el enunciado las firmas de ese juicio están correctas, porque firmaron por un juicio político basado en el artículo 131 de la Constitución, pero ahora resulta que es por el artículo 129 numeral 2. Si fueran responsables, deberían retirar el juicio y presentarlo de nuevo.

Todos estos errores coadyuvarán a la Corte Constitucional para inadmitir la solicitud de juicio contra el primer mandatario, sostuvo el oficialista. (I)