La selección de cinco vocales principales del Consejo de la Judicatura (CJ) no ha empezado, pero los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidieron que las cinco instituciones del Estado que proponen a los candidatos pueden cambiarlos por otros si es lo que desean.
En diciembre del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana pidió a cinco órganos del Estado que remitan a sus candidatos para el procedimiento de designación de los cinco vocales principales y sus suplentes del Consejo de la Judicatura. Después de dos meses la selección no empieza.
El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y de sanción de la Función Judicial y se integra por cinco miembros delegados de las Funciones: Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Estas envían ternas de candidatos, quince en total, para que de ellos sean escogidos por el CPCCS, luego de un procedimiento de revisión de la documentación que acredite que no están incursos en inhabilidades y prohibiciones y de la impugnación ciudadana por falta de probidad e idoneidad.
En este caso, quien sea designado de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia presidirá la Judicatura.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo pidió que remitan sus ternas para arrancar con la designación.
La Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Legislatura enviaron los nombres dentro del plazo que finalizaba el 31 de diciembre.
La Corte Nacional envió los nombres con información incompleta, que luego la completó; y, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín no ha enviado hasta la actualidad a sus nominados.
Con esas consideraciones, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana decidió dar alternativas a las cinco fuentes estatales para que resuelvan qué hacer con los candidatos que enviaron en un principio.
Esto se produjo por una moción planteada por el consejero Gonzalo Albán, en la que pedía al pleno que se “adopte las decisiones correspondientes a fin de dar continuidad y celeridad al proceso” con lo que el pleno debatió y, finalmente, resolvió “requerir de la manera más comedida” a la Función Ejecutiva (presidente de la República) que envíe su terna; y, a las demás entidades, les dio cinco días hábiles para que decidan si ratifican o reemplazan a sus postulantes.
“Requerir de la manera más comedida a la Función Ejecutiva, remita la terna para la selección y designación de los vocales principal y suplente que integrarán el Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031″, dice el punto 1 de la resolución aprobada el 25 de febrero pasado.
El segundo punto “solicita” a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública y a la Asamblea Nacional que, en el término improrrogable de cinco días “ratifiquen o reemplacen a los integrantes de las ternas remitidas de conformidad a su facultad de delegación”.
Pero, si deciden mantener o cambiar nombres, tienen que enviar al CPCCS “la documentación actualizada que estimen pertinente de los perfiles que ratifiquen o en su defecto reemplacen”.
Según los consejeros cuando se cumpla este término, una comisión técnica conformada por sus asesores empezarán con la revisión de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades que reporten los postulantes.
Aunque no se precisa qué ocurrirá con la terna que envíe el primer mandatario, ya que no le fijaron ningún plazo.
La terna enviada por la Fiscalía, presidida por Diana Salazar Méndez, integra a Magaly Camila Ruiz Cajas, Nicolás Burneo Arias y, Estuardo Salvador Salvador.
El Legislativo nombró a Pablo Renato Villagómez Reinel, Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón; e, Iván Patricio Montero López.
Por la Corte Nacional se propuso a Marco Rodríguez Ruiz; Alexandra Villacís Parada; y, Edison Toro Calderón.
En tanto, la Defensoría Pública escogió a Fausto Iván Andrade Vera, exjuez de Manabí y exdirector provincial del Consejo de la Judicatura en esa jurisdicción.
A Wendy Carolina Moncayo Salgado y a Santiago Javier Valarezo Guerrero.
El periodo de los actuales vocales de la Judicatura concluyó el 29 de enero de 2025, por lo que se encuentran en funciones prorrogadas hasta que el Consejo de Participación nombre a sus reemplazos. (I)
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