Dentro de la reinstalación de la audiencia del caso Plaga, la abogada Gabriela Moreira informó a la secretaría de la sala del conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Edison Cantos, que Santiago Hernández Quijano, defensa del exjuez de Manabí, Banny Molina, no estaba conectado a la diligencia debido a que había sido secuestrado aproximadamente a las 22:00 del martes, 11 de mayo.
Hernández, además de ser abogado del exjuez Molina, también representa legalmente a Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en el caso Nene. Justamente en esta causa, la tarde del martes último se suspendió la diligencia de juzgamiento dentro del proceso penal en el que se investiga el delito de oferta de tráfico de influencias y se convocó para el 9 de abril próximo para continuar con la misma. Hernández intervino de forma personal en esta audiencia.
Según Moreira, abogada que representa al exjuez procesado en Plaga Patricio C., explicó brevemente que gente cercana a Hernpandez Quijano conoció que él fue secuestrado cuando se dirigía a la provincia de Manabí. Indicó que agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional (Unase) ya han intervenido, pero no se tienen mayores detalles de la situación actual del abogado.
Hernández fue quien reemplazó al abogado Oswaldo Santillán, profesional que se alejó de la defensa del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad luego de que fue detenido y procesado por el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ese caso se inició debido a allanamientos que se realizaron en la casa de Trujillo dentro del caso Fachada y en los que se encontraron una serie de municiones y armas de las que no se justificó su origen y legalidad.
El conjuez Cantos, luego de señalar que en la secretaría de la sala solo existe una alerta de un hecho, del cual no se sabe si tiene o no fundamento, decidió instalar el cuarto día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra catorce personas a quienes la Fiscalía acusa del delito de delincuencia organizada.
Banny Molina es uno de los acusados en calidad de colaboradores dentro de una “organización delictiva” que habría operado de forma ilegal para el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias por delitos penales, como abuso sexual y robo con muerte, y, en otros casos, relacionados a organizaciones criminales.
El sábado último, Edison Cantos declaró la validez procesal de todo lo actuado en la etapa de instrucción fiscal. Rechazó un vicio relacionado con la competencia del magistrado a cargo de la causa y los vicios de nulidad que tenía que ver con el procedimiento que presentaron los abogados de once de los procesados. El conjuez aseguró que no se han presentado los fundamentos necesarios para respaldar las supuestas vulneraciones alegadas.
El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó a los abogados Christian Giovanny R. M. y Jonathan Roberto A. Sh. como autores directos en calidad de líderes de la “estructura delictiva” investigada; mientras que a los restantes doce procesados se los ubicó como autores directos del delito de delincuencia organizada en calidad de colaboradores de la red de corrupción implementada en varias provincias del país.
Al final de la exposición del dictamen acusatorio y de los elementos de convicción que posee contra los catorce procesados, Toainga pidió al conjuez Cantos que llame a todos a juicio. Actualmente los ubicados como líderes de la “estructura criminal” mantienen órdenes de prisión preventiva que no han cumplido, por lo que son vistos como prófugos de la justicia.
El caso Plaga arrancó investigando a 31 personas, pero luego de quince sentencias reducidas por procedimiento abreviado y dos dictámenes abstentivos emitidos por la Fiscalía, solo quedan siendo procesadas catorce personas.
Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.
El fiscal subrogante refirió que en el año 2022 se empezó a gestar una estructura criminal liderada por el procesado en Plaga, Christian Giovanni R. M., quien habría tenido como uno de sus principales coidearios al abogado Lenín Vimos, ya sentenciado en esta causa por procedimiento abreviado. A decir de Toainga, la finalidad de esta organización era destrozar a la administración de justicia mediante una serie de delitos destinados a la obtención de beneficios económicos y otros de orden material.
“Es por esto que en el presente caso serán comunes las alusiones a cohechos agravados, tráficos de influencias, concusiones, prevaricatos, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos e incluso oferta de tráfico de influencias desarrollados dentro del tráfico cotidiano de la justicia ecuatoriana. Justamente al ser la administración de justicia el campo en el que se desenvolvía esta estructura delictiva resulta obvia la colaboración de actores jurídicos para lograr su finalidad”, anotó.
Desde la Fiscalía se ha dicho que el grupo organizado procesado en la presente causa se gestó con la finalidad de obtener beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de los ciudadanos privados de la libertad, para lo cual la cúpula criminal a cargo pudo mover los hilos de esta estructura se valía de la colaboración de varias personas desde diferentes aristas tanto en la función pública como en el ámbito privado.
Dentro del caso Nene, el abogado Santiago Hernández defiende a Francisco Sebastian B. A. ante la acusación hecha por la Fiscalía de que el hijo de la vicepresidenta Abad adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto al exasesor de su madre, Daniel Lenín R.P., para solicitar mensualmente parte del sueldo a un persona a la que le habían ubicado en un cargo público al interior de la Vicepresidencia de la República. (I)
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