El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó este martes la nacionalidad colombiana para Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, y solicitó al gobierno de Daniel Noboa su entrega a Bogotá. El acto tuvo lugar en el Consulado de Colombia en Quito, donde Glas, recluido en la Cárcel La Roca de Guayaquil, juró acatar la Constitución colombiana sin renunciar a su nacionalidad ecuatoriana. La decisión ha generado una fuerte controversia, vista por Ecuador como un intento de interferir en su justicia y respaldar políticamente a un condenado.

Petro anunció la medida en un mensaje en X que incluía el acta de juramento, afirmando que la entrega de Glas sería un «paso para la paz de las naciones latinoamericanas». Sin embargo, el mensaje fue eliminado horas después, generando especulaciones sobre posibles presiones diplomáticas. La nacionalidad se otorgó bajo la Ley 2332 de 2023 y la Resolución 9411 de 2025, en medio de críticas por parte de Ecuador, que insiste en que Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano y sus condenas por cohecho en casos como Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción de Manabí, que suman más de 30 años de prisión, permanecen vigentes.

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La Cancillería ecuatoriana señaló que no ha recibido solicitud formal de entrega y enfatizó el respeto a sus instituciones judiciales. El Grupo de Puebla, que reúne a líderes de izquierda, celebró la acción de Petro y exigió un salvoconducto para Glas hacia México o Colombia, mientras el exfiscal colombiano Francisco Barbosa calificó la medida como una «vergüenza internacional». Desde Bélgica, Rafael Correa, aliado de Glas, elogió la «solidaridad» de Petro. Este movimiento se suma a tensiones regionales, como la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador y el reciente despliegue militar en el Caribe.

La acción de Petro reabre un foco de tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, países sin relaciones plenas desde 2019. La Cancillería ecuatoriana reiteró que las sentencias de Glas no se ven afectadas por la nueva nacionalidad, y el caso podría escalar si Bogotá formaliza la solicitud de traslado. Mientras, la situación de Glas, considerado por Petro como un «preso político», sigue polarizando el panorama político regional.

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