El Tribunal Constitucional de Ecuador emitió un fallo histórico este viernes 26 de septiembre de 2025, declarando inconstitucionales las Leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, dos normas promovidas por el Ejecutivo como ejes para combatir la corrupción y elevar los estándares éticos en la administración pública.

La sentencia, que aún no se publica en su totalidad, determina que estas leyes violan principios constitucionales fundamentales, como la separación de poderes, el derecho al debido proceso y varias garantías individuales de los ciudadanos. Fuentes judiciales indicaron que el tribunal identificó irregularidades tanto en el contenido normativo como en el procedimiento legislativo utilizado para su aprobación, lo que invalida su vigencia inmediata.

Las leyes, aprobadas por la Asamblea Nacional a mediados de 2025, buscaban implementar mecanismos de control más estrictos sobre funcionarios públicos, incluyendo declaraciones patrimoniales obligatorias y sanciones por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, desde su promulgación generaron un amplio debate jurídico y político, con críticas de expertos que alertaban sobre ambigüedades en la redacción que podrían derivar en excesos de discrecionalidad y concentración de poder en el Ejecutivo.

Organizaciones civiles y sectores académicos habían presentado recursos de inconstitucionalidad, argumentando que las normas excedían los límites constitucionales y ponían en riesgo el equilibrio entre ramas del Estado.

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El Gobierno no ha emitido una respuesta oficial al fallo hasta el momento, aunque se anticipa una declaración en las próximas horas desde el Palacio de Carondelet. Por el contrario, líderes de la oposición y defensores del Estado de Derecho celebraron la decisión del Tribunal Constitucional, describiéndola como una victoria clave para la preservación de las instituciones democráticas. El presidente de un bloque legislativo opositor señaló que el veredicto refuerza la independencia judicial y evita un retroceso en las garantías procesales de los ecuatorianos.

Este pronunciamiento suspende la aplicación de medidas derivadas de las leyes, como auditorías obligatorias y registros de conflictos de interés, dejando en limbo varias iniciativas anticorrupción en marcha. El fallo abre un nuevo escenario en el debate nacional sobre transparencia y control público, cuestionando los límites entre la lucha contra la corrupción y el respeto a la Constitución. Analistas jurídicos esperan que la sentencia completa, que se publicará en los próximos días, detalle los vicios específicos para guiar futuras reformas legislativas en el país.





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