La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, confirmó este miércoles 5 de noviembre que Brasil ha manifestado interés en establecer bases de cooperación internacional en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, como parte de una estrategia para fortalecer la vigilancia fronteriza y combatir el crimen transnacional. La posibilidad se enmarca en la pregunta de la Consulta Popular y Referéndum del 16 de noviembre, que busca eliminar la prohibición constitucional de bases militares extranjeras, pero Jaramillo aclaró que cualquier implementación dependerá de la aprobación ciudadana en las urnas.

Jaramillo destacó que las conversaciones con Brasil están en fase preliminar y se centran en cooperación técnica y operativa, no en bases militares tradicionales. “En esa misma línea hay conversaciones con Brasil, y se podría eventualmente contemplar Orellana y Sucumbíos para ubicaciones de bases en cooperación entre ambos países”, señaló la vocera durante un encuentro con medios, enfatizando que estas instalaciones contribuirían a la seguridad en zonas vulnerables a narcotráfico y minería ilegal, alineadas con la soberanía ecuatoriana.

La declaración se produce en el contexto de la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien recorrió el 5 de noviembre instalaciones estratégicas en Manta y Salinas para evaluar potenciales centros de Homeland Security. Jaramillo subrayó que estas iniciativas responden a la necesidad de actuar con “soberanía, transparencia y beneficio mutuo”, recordando que la consulta no altera planes actuales, pero su aprobación habilitaría alianzas ampliadas con socios como EE.UU. y Brasil para inteligencia compartida y control de fronteras.

El Gobierno enfatizó que la decisión final recae en los ecuatorianos: “Se definirán una vez que se pronuncie el pueblo en las urnas”, reiteró Jaramillo. La pregunta sobre bases ha generado debate, con el 52% de apoyo en encuestas de Cedatos (octubre 2025), pero críticas de sectores indígenas por impactos ambientales en la Amazonía. La Cancillería coordinará cualquier convenio, asegurando alineación con la Constitución y tratados internacionales.

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