Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), rechazó este jueves las denuncias en su contra por presunto conflicto de intereses, afirmando que se tratan de «mentiras y rumores» destinados a obstaculizar los cambios que impulsa en la institución. Las críticas, según el funcionario, emergen como respuesta a las reformas en curso, sin que se haya presentado evidencia concreta de irregularidades.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales del IESS, Lama enfatizó que «cuando uno trabaja por un cambio verdadero, siempre habrá quienes se resistan; eso solo demuestra que estamos haciendo bien las cosas». El directivo, quien asumió el cargo designado por el presidente Daniel Noboa, enfrenta cuestionamientos relacionados con pagos a prestadores de servicios de salud vinculados a su entorno familiar, incluyendo clínicas privadas que atienden a afiliados del Seguro Social.

Las acusaciones cobraron fuerza tras declaraciones de José Guevara, presidente ejecutivo del Complejo Hospitalario Interhospital, quien alegó que el IESS ha demorado el pago de deudas millonarias a su institución mientras habría priorizado cancelaciones a otros proveedores. Adicionalmente, un informe de la Contraloría General del Estado, con resolución del 21 de abril de 2025, ratificó una glosa por 3,7 millones de dólares en cobros indebidos a empresas como Teoton y Alboteoton S.A., asociadas al grupo familiar de Lama, correspondientes a servicios de 2013.

El asambleísta Héctor Rodríguez, de Revolución Ciudadana, presentó el documento oficial y exigió la renuncia de Lama, argumentando que revela un esquema de peculado y opacidad en la contratación. La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Carolina Jaramillo, defendió al funcionario, calificando las imputaciones como «absolutamente falsas» y destacando la transparencia de la actual administración, aunque no se ha anunciado una investigación formal por parte de la Fiscalía o la Superintendencia de Bancos.

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Hasta el momento, el IESS no ha emitido detalles adicionales sobre auditorías internas ni sobre los contratos con prestadores privados, mientras el caso genera debate en el oficialismo y la oposición sobre la gestión de recursos en una entidad clave para millones de afiliados.





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