La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, rechazó categóricamente las acusaciones de Revolución Ciudadana (RC) sobre un supuesto plan para disolver el movimiento, aclarando que las medidas en curso responden exclusivamente al incumplimiento en la presentación de informes de cuentas de campaña, una obligación legal para todos los partidos. “¡Es falso que el CNE quiera desaparecer a la RC5!”, declaró Atamaint, enfatizando que las sanciones buscan garantizar transparencia y equidad electoral, no motivaciones políticas.

Atamaint explicó que RC, junto con otras organizaciones, no ha cumplido satisfactoriamente con la rendición de cuentas detallada de gastos electorales, conforme al Código de la Democracia. Las posibles sanciones incluyen multas económicas o suspensión de derechos políticos para el representante legal, económico, jefe de campaña y candidato, de manera solidaria. Estos casos serán remitidos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para procesamiento, sin que el CNE haya trasladado aún el expediente de RC. La revisión abarca múltiples partidos, asegurando un tratamiento imparcial.

Juan González, jefe de la bancada de RC, cuestionó la independencia del CNE, alegando influencia del Ejecutivo: “No es lo que diga Atamaint, sino lo que diga el Ejecutivo, ya que el CNE está bajo su dominio”. La RC denuncia persecución política en vísperas de la consulta popular del 16 de noviembre. Atamaint insistió en que las acciones se enmarcan en la normativa vigente, similar a sanciones previas a otros partidos por irregularidades. El CNE supervisa la rendición de cuentas para transparentar el origen y uso de recursos, promoviendo legalidad en procesos electorales.

Esta controversia surge en un contexto de polarización, con RC como principal oposición al Gobierno de Daniel Noboa. El TCE resolverá los casos, y el CNE llama a los partidos a cumplir para evitar escaladas.

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