La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral continuó hoy con el análisis del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que reforma la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual. En una sesión marcada por aportes prácticos, tres expertos en protección de datos ofrecieron recomendaciones técnicas para hacer la norma más efectiva en un mundo donde los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados.

Mario Mayorga Terán, uno de los invitados, sugirió estructurar los reportes de incidentes en tres etapas claras, inspiradas en estándares de la Unión Europea: una alerta temprana en las primeras 24 horas, notificación detallada en 72 horas, y un informe final en menos de 30 días que incluya la causa raíz y las acciones correctivas. «Esto no es solo burocracia; es lo que permite una trazabilidad real y una cooperación operativa que salva datos y confianza», explicó Mayorga, enfatizando que sin estos plazos, las brechas se convierten en crisis mayores.

Xavier Narváez, por su parte, insistió en la gestión de incidentes digitales con sistemas de alerta temprana y simulacros anuales obligatorios para empresas y usuarios. «Hay que preparar a todos, porque un ciberataque no avisa», dijo, proponiendo una Coordinación Estratégica de Ciberseguridad alineada con el Comité Nacional de la materia. Narváez recordó que en Ecuador, los ataques a entidades públicas han aumentado un 40% en 2025, y estos ejercicios podrían reducir el impacto en un 30%, según estudios globales.

Finalmente, Kevin Jarre Barcia llamó a definir con precisión los riesgos y responsabilidades de las empresas proveedoras, mayoritariamente privadas. «No basta con culpar al hacker; hay que tener parámetros técnicos para medir la culpa de quien falló en la defensa», argumentó, sugiriendo cláusulas que obliguen a evaluaciones independientes en casos de brechas. Barcia, con experiencia en ciberdefensa, advirtió que sin esto, las empresas podrían externalizar costos a usuarios vulnerables.

Publicidad

La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, cerró la sesión agradeciendo la participación: «Estos aportes enriquecen la ley con experiencia real; es democracia en acción, uniendo sectores para protegernos a todos». La propuesta, que busca blindar la transformación digital contra amenazas cibernéticas, avanza hacia un informe final en noviembre, con énfasis en prevención y respuesta rápida.





Source link