El juez Jairo Alejandro García ordenó este jueves 6 de noviembre dejar sin efecto el congelamiento de las cuentas bancarias de 16 organizaciones sociales y dirigentes en la provincia del Azuay, medida que había sido impuesta desde el 16 de septiembre de 2025. La decisión se tomó durante una audiencia virtual donde se revisaron argumentos de ambas partes, impactando directamente a colectivos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fundación Pueblo Indio y la Fundación Pachamama, cuyos abogados solicitaron la derogación de la restricción.

En la sesión, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) defendieron el mantenimiento del congelamiento con base en informes reservados e información clasificada, alegando operaciones financieras inusuales. Sin embargo, el juez consideró que no se presentaron elementos suficientes para justificar la continuación de la medida, permitiendo el acceso inmediato a los fondos para las entidades afectadas.

El abogado Yaku Pérez, defensor de Lizardo Zhagüi, jefe de la Junta de Agua de Tarqui, argumentó que la UAFE y el CNI no demostraron razones concretas para la inmovilización, la cual se sustentó en datos no mostrados públicamente y vulneró derechos como el debido proceso y la propiedad. «No existieron elementos fácticos para justificar la inmovilización. Ninguno de los implicados recibió notificación formal, lo que atenta contra principios básicos del derecho», señaló Pérez a diario El Universo. A pesar de esta resolución, la Fiscalía General mantiene abierta la investigación penal por posible enriquecimiento privado no justificado contra estos grupos y dirigentes.

Pérez indicó que el congelamiento parecía destinado a intimidar y frenar las movilizaciones por el agua en Cuenca y el paro nacional convocado por las organizaciones, que duró un mes contra el Gobierno de Daniel Noboa e involucró a más de 50 entidades similares. Esta medida se alinea con una resolución previa del juez Vicente Fernando Hidalgo, quien desbloqueó cuentas de tres colectivos amazónicos: Alianza Ceibo, Udapt y Pakkiru. La portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, aclaró que se trata de una cautelar judicial nacida de reportes de transacciones atípicas, no bajo control directo de la Presidencia, sino de la justicia.

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